Cristina Kirchner denunció al Estado argentino ante la ONU por su condena en la causa Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por presuntas violaciones de garantías durante la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación fue anunciada por la propia Kirchner a través de una carta abierta y detallada en conferencia de prensa por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.

En el documento, la exmandataria sostuvo que la condena busca proscribirla de la vida política. “Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, afirmó. También vinculó el proceso judicial con una práctica que, según consideró, se repite en distintos países para apartar a dirigentes con respaldo popular.

La defensa enumeró ocho presuntas vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellas el derecho a elegir y ser elegido, el acceso a un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia y la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Beraldi cuestionó el fundamento de la condena: “La responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable. No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”.

Junto con el reclamo principal, los defensores solicitaron tres medidas provisionales. La primera busca suspender la inhabilitación perpetua para que Kirchner pueda volver a ser candidata. La segunda reclama que se restablezca la integración legal de cinco miembros de la Corte Suprema, actualmente conformada por tres jueces. La tercera pide retirar la tobillera electrónica, eliminar restricciones para visitas y acceso a la terraza, y que la expresidenta no sea responsabilizada por manifestaciones de terceros frente a su domicilio.

Según la defensa, las medidas provisionales podrían recibir respuesta en los próximos meses, mientras que el análisis de fondo demandaría varios años. Valim afirmó que las decisiones del Comité son vinculantes para el Estado argentino, aunque el organismo no puede anular directamente la condena. Un eventual dictamen favorable podría ser utilizado para promover una revisión en el sistema judicial argentino, como ocurrió en el caso de Lula da Silva en Brasil.

Desde el Gobierno nacional rechazaron la presentación. El canciller Pablo Quirno sostuvo que Kirchner tiene “la libertad para hacerlo”, aunque atribuyó el planteo a una estrategia política y afirmó: “Quieren volver al poder para indultarla”. La expresidenta cerró su carta anticipando que continuará cuestionando la sentencia en ámbitos internacionales: “No responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”.