AySA: un fallo judicial frena los cambios contractuales de la privatización

La privatización de AySA quedó condicionada por una medida cautelar dictada en junio que ordena a la empresa abstenerse de tomar cualquier decisión que modifique, limite, reduzca, altere, suspenda o desnaturalice las obligaciones asumidas para garantizar la prestación del servicio de agua potable a los usuarios. El amparo fue presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y como consecuencia del fallo se paralizó la apertura de sobres de la licitación que iba a realizarse el próximo martes.

En primera instancia, la jueza señaló que la propuesta del contrato de concesión modificaba las condiciones de AySA, que apeló la medida. La cautelar se confirmó y se ordenó que la causa siga en el ámbito de la Justicia Federal radicada en la provincia de Buenos Aires. El fallo no frena la privatización en forma directa, sino las modificaciones contractuales que figuraban en el contrato. Si se mantiene firme, la privatización deberá realizarse en las condiciones de seguridad y de inversión que contemplaba el plan previsto de la gestión anterior.

AySA tiene 3.100.000 conexiones, lo que redunda en una población de hasta 11.000.000 de habitantes. Además, abarca 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En torno a la causa participa un colectivo multisectorial integrado por más de 30 organizaciones, entre las que se presentó el fallo de la Cuenca Matanza-Riachuelo que ordenaba la limpieza del Riachuelo hace 20 años.

Lorenzino menciona el pasivo ambiental entre los puntos centrales del reclamo. En estos días hubo varias reuniones con senadores y diputados de la Legislatura bonaerense y con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por la causa que originó el fallo.

El director de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, sostuvo que existen casos de enfermedades derivadas del consumo de agua potable por no tener cloacas. Por lo tanto, ampliar el sistema de distribución de agua y cloacas contribuye a mejores condiciones de salud de la población. Bussetti cuestionó que el Gobierno cambia el paradigma de la empresa, diseñada como una empresa social y que tenía como principio que el agua y las cloacas son un servicio esencial y un derecho humano.

El autor recordó que en la década del 90 se hicieron muchas privatizaciones del servicio en Argentina y que en la totalidad de esas concesiones se dio un fracaso total, por lo que el Estado nacional debió volver a hacerse cargo del servicio.