Privatización de AySA: qué cambia en el marco regulatorio y qué pasará con las tarifas

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) avanza con la modificación del marco regulatorio que regirá la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 25 partidos de la Provincia de Buenos Aires. El nuevo esquema, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, sustituye conceptos centrales de la Ley N° 26.221, que consideraba el servicio como público y un derecho humano, por una lógica financiera y de mercado.

La privatización se enmarca en el Decreto 70/2023, dictado al asumir Milei, que jerarquizó una serie de empresas públicas a privatizar. Entre 2024 y septiembre de este año, las tarifas del servicio acumularon un aumento del 400 por ciento, muy por encima de la inflación del período, según advirtieron fuentes vinculadas al proceso.

Uno de los puntos más cuestionados es que la venta se decidió sin la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Se definió la venta del 90 por ciento de las acciones de AySA al mejor postor por 500 millones de dólares, un monto que, según críticos, está muy por debajo del valor patrimonial de la empresa, que es la más grande del país en saneamiento y la segunda de América Latina, con 3,1 millones de conexiones.

El pliego establece una concesión por 30 años, prorrogable por diez más, y garantiza al nuevo dueño una tasa de rentabilidad anual del 8,9 por ciento en dólares sobre los activos. En el primer año, esa rentabilidad garantizada sería de 44,7 millones de dólares. Además, se aplicará un ajuste mensual de tarifas según una fórmula polinómica que combina el IPC, el IPIM y el índice de salarios.

También se prevé el cierre definitivo de las 26 oficinas de atención al usuario ubicadas en los municipios donde AySA presta servicio, y se autoriza el corte del suministro de agua y cloacas ante 60 días de facturas impagas. En paralelo, se reducirá el personal: se estima la eliminación de contratos de 1.230 trabajadores, con un costo estatal de 36.000 millones de pesos.

El nuevo marco traslada a los usuarios la deuda considerada impagable, que asciende a 930.000 millones de pesos, y también el costo de las obras estructurales que hasta ahora financiaba el Tesoro Nacional. Las tarifas podrán sufrir ajustes extraordinarios ante variaciones del tipo de cambio.

La decisión de privatizar AySA afecta directamente a 26 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses del conurbano, donde viven millones de usuarios. El Congreso y los partidos políticos no se han expresado formalmente sobre el tema, pese a la gravedad de los cambios.