Media sanción en el Senado
El Senado dio media sanción a la ley de propiedad privada y avanza hacia desalojos más rápidos
Con 37 votos a favor y 33 en contra, la iniciativa pasó a Diputados. Organizaciones sociales advierten por el impacto en inquilinos y barrios populares.
El Senado aprobó este miércoles, con 37 votos afirmativos y 33 negativos, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que modifica procedimientos vinculados con desalojos y ocupaciones, pasó ahora a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
El proyecto fue presentado por el Gobierno como una herramienta para reforzar la seguridad jurídica y proteger a los titulares de inmuebles. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la modificación de los procedimientos para recuperar propiedades ocupadas y la situación de los inquilinos ante incumplimientos de contrato.
Antes de la votación, el oficialismo retiró dos capítulos del proyecto original: uno referido a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y otro sobre el cambio de uso de terrenos afectados por incendios. Esos cambios permitieron reunir los votos necesarios para la media sanción.
La discusión sobre los desalojos es central porque el proyecto busca agilizar las herramientas judiciales para recuperar inmuebles ocupados. Durante las negociaciones en el Senado se planteó un mecanismo acelerado para casos de falta de pago de alquileres y procedimientos más breves para ciertas ocupaciones. El régimen vigente, contemplado en el Código Civil y Comercial, exige una intimación fehaciente al inquilino y un plazo mínimo para regularizar la deuda antes de avanzar judicialmente. La reforma propone modificar ese esquema procesal.
Para los impulsores, el objetivo es evitar que los procesos se extiendan durante largos períodos y dar mayores certezas a los propietarios. Para las organizaciones que cuestionan la iniciativa, la reducción de tiempos puede dejar a las familias con menos posibilidades de defenderse ante una demanda de desalojo.
Otro punto sensible es la situación de los barrios populares. Un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que la iniciativa podía afectar la protección de quienes habitan esos barrios, además de modificar normas sobre alquileres, desalojos y acceso al suelo. Durante el debate en comisiones, participó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, entre otros expositores.
El trasfondo del debate excede lo judicial: plantea una redefinición del equilibrio entre el derecho de propiedad, las obligaciones contractuales y las políticas públicas de acceso a la vivienda. Para los que respaldan el proyecto, agilizar los desalojos puede incentivar una mayor oferta de inmuebles en alquiler. Para los críticos, puede profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen del alquiler como única alternativa habitacional.
La media sanción no implica la entrada en vigencia de los cambios. El texto deberá ser analizado por Diputados y, eventualmente, aprobado por ambas cámaras y promulgado para convertirse en ley. El futuro de la iniciativa volverá a poner en el centro una discusión que atraviesa a millones de personas: hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad privada y qué garantías deben mantenerse para quienes alquilan o viven en situación de vulnerabilidad.
