Detienen a funcionaria judicial bonaerense por estafa millonaria con billeteras virtuales

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó la detención de Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General bonaerense, acusada de integrar una asociación ilícita dedicada al robo de datos biométricos, la apertura de cuentas en billeteras virtuales y el lavado de dinero a gran escala. La medida fue ratificada por la Sala I del tribunal, que rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa.

Mangini se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía General Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. Fue arrestada el 13 de agosto en su departamento del centro de La Plata por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFIJ N.º 2 de La Plata, sostiene que la funcionaria aprovechaba su rol para identificar a personas en situación de vulnerabilidad económica que no tenían cuentas bancarias ni acceso a plataformas digitales.

Según la hipótesis fiscal, el mecanismo consistía en ofrecerles 80.000 pesos a cambio de sus datos personales. Las víctimas eran citadas en un bar ubicado en la intersección de las avenidas 7 y 56 de la capital provincial, donde les tomaban fotografías y registros faciales mediante dispositivos móviles para completar el alta en distintas billeteras digitales. Una vez abiertas, las cuentas pasaban al control de la red criminal mediante el cambio de correos y líneas telefónicas.

Las pericias contables indican que las billeteras eran utilizadas para recibir, fraccionar y canalizar fondos vinculados a la explotación de un casino online ilegal y a maniobras de defraudación. En la causa también fueron detenidos Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, señalados como operadores financieros de la estructura. En una sola de las plataformas analizadas se detectaron movimientos brutos que superaron los 27.000 millones de pesos.

La fiscalía descubrió un patrón sistémico en los giros bancarios: las transferencias registraban montos con terminaciones fijas en ".12", una suerte de código de validación para que los receptores identificaran el dinero proveniente de la maniobra ilícita. Pese a los argumentos de la defensa, que alegó arraigo, falta de antecedentes y predisposición de la funcionaria durante los dos años de instrucción, la Cámara sostuvo que la orden de detención emitida por el juez de Garantías Agustín Crispo es legítima y que persisten riesgos procesales de entorpecimiento dada la complejidad del engranaje criminal.