Vialidad: la defensa de CFK presentó una prueba y va al Comité de DDHH de la ONU

Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la incorporación de un nuevo elemento de prueba en la causa conocida como Vialidad. Según plantearon, la información surge de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad y, de acuerdo con la interpretación de la defensa, contradice uno de los fundamentos utilizados para condenar a la exmandataria.

La defensa sostuvo que el nuevo material apunta a desarmar la hipótesis central de la sentencia, vinculada al supuesto beneficio a las empresas de Lázaro Báez a través del Decreto 54/2009. Los letrados anticiparon además que llevarán el informe técnico al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en audiencias fijadas para la segunda quincena de octubre.

Beraldi afirmó que la prueba "pone en evidencia una vez más que la sentencia dictada en contra de Cristina es absolutamente injusta y que se terminó condenando a una persona inocente". El abogado explicó que en la causa Cuadernos compareció como testigo técnico un integrante de la Dirección Nacional de Vialidad a propuesta de la Fiscalía, para explicar una base de datos ya incorporada al expediente. Según relató, se trataba de "una planilla Excel que tenía casi 80 columnas", en la que se detallaba cómo se habían utilizado los fondos del fideicomiso durante el período 2009-2015.

A partir de esa información, Beraldi puso el foco en el Decreto 54/2009. "Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto y nos hicieron creer que ese decreto solo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez", comentó. Sin embargo, aseguró que la nueva información mostró que durante ese período la inversión había sido de más de 2.000 millones de dólares y que lo asignado al empresario representaba "menos del uno por ciento". "Demostraba con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia, que se quería beneficiar a Lázaro Báez, era falso", manifestó, y agregó que "las empresas de Báez estaban en un lugar muy relegado", mientras que las que encabezaban el listado "no tenían nada que ver con el gobierno de aquel momento".

En la misma línea, Valim se refirió al porcentaje de fondos recibido por las empresas vinculadas al Grupo Austral. "La participación del Grupo Austral es del 0,85 por ciento, una participación ridícula si comparamos con el valor general de ese fondo", subrayó. De acuerdo con el informe presentado por el abogado, la primera empresa del ranking era IECSA S.A., con el 16 por ciento de los fondos. "Es una empresa que pertenece a un primo del expresidente Mauricio Macri", precisó Valim, en referencia a Angelo Calcaterra, quien adquirió la compañía en 2007. A partir de esos datos, concluyó: "Descubrimos o corroboramos de una manera técnica e incontestable que, en verdad, se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina".

Borrego, por su parte, cuestionó el proceso judicial con referencias literarias. "El árbol se ha quedado sin hojas, está más desnudo que un arbolito en invierno", sostuvo, y sumó: "Aquí nos ha surgido un grupo de imitadores penosos de Miguel de Cervantes y han producido un Quijote de locos. Porque este Quijote no va por la justicia. Es todo quitar, arrojar, expulsar, sea como sea, de la política de la Argentina a una mujer porque estorba y hay miedo".

Respecto de los pasos procesales, Beraldi detalló que esperarán que la instancia internacional se concrete antes de avanzar en el plano local. "Vamos a esperar que el hecho acontezca y después iremos por la vía nacional, que es un recurso de revisión expresamente previsto en el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, los dos vigentes, y que contemplan como un supuesto de revisión la aparición de prueba nueva", explicó. "Esos son los caminos, en principio la prioridad la tiene la instancia internacional", concluyó.