Cámara de Diputados bonaerense
La Provincia agrava penas por agresiones a médicos y docentes
La ley modifica el artículo 74 bis del Código de Faltas y amplía la protección que hasta ahora regía solo para el personal educativo. Incluye arresto, multas y asistencia psicológica para las víctimas.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley este martes un paquete de proyectos provenientes del Senado, entre los que se destaca la iniciativa impulsada por el legislador de Unión y Libertad Sergio Vargas, que endurece las sanciones contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, profesionales de la salud y agentes de servicios públicos esenciales. La norma modifica el artículo 74 bis del Código de Faltas provincial y apunta a frenar la escalada de episodios violentos e intimidaciones registrados en escuelas públicas y guardias hospitalarias del Conurbano y del resto del territorio bonaerense.
El marco regulatorio amplía la protección que hasta ahora regía solo para el personal educativo mediante la Ley 14.898, e incorpora formalmente a médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes estatales. La iniciativa quedó a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial.
El senador Sergio Vargas fundamentó el proyecto en la necesidad de extender esa cobertura. «La realidad actual nos exige ampliar este escudo legal para abrazar también a los profesionales de la salud y agentes que enfrentan situaciones de violencia idénticas. Defender a nuestros servidores públicos es defender la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano», enfatizó el legislador.
El nuevo régimen fija penas de 5 a 30 días de arresto o multas económicas que van de 50 a 500 Unidades Fijas (UF). Las sanciones se incrementan cuando los hechos de violencia se cometen dentro de los colegios frente a los alumnos o en centros médicos ante otros pacientes.
La norma también obliga al Gobierno provincial a garantizar patrocinio jurídico gratuito para que los trabajadores agredidos puedan constituirse como querellantes, además de brindarles asistencia psicológica inmediata a través de salud ocupacional o las ART. En paralelo, dispone el auxilio de la fuerza pública para retirar de inmediato al agresor del establecimiento y la creación del Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional, un mapa estadístico que permitirá detectar zonas críticas en la provincia para destinar mayores recursos de seguridad.
