Conflicto educativo en CABA
Sindicatos docentes rechazan la reforma del Estatuto impulsada por Jorge Macri en la Ciudad
CTERA respaldó a los gremios porteños y cuestionó que los cambios se impulsen sin participación sindical. El Gobierno de la Ciudad defiende la reforma como una actualización necesaria.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su respaldo a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y cuestionó que la reforma del Estatuto Docente impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lleve adelante sin participación de las organizaciones gremiales.
Desde la entidad nacional sostuvieron que el Estatuto es una conquista histórica de la docencia, ya que regula aspectos como la estabilidad laboral, la carrera profesional, los mecanismos de acceso a cargos y las garantías para el desarrollo de la actividad educativa. Remarcaron que cualquier modificación debería surgir del diálogo institucional y de la negociación colectiva.
El conflicto se originó tras el anuncio de la administración encabezada por Jorge Macri de introducir una actualización integral del régimen docente. Entre los principales cambios se encuentran nuevas reglas para los ascensos, modificaciones en el sistema de evaluación, mayor peso de la formación continua, alteraciones en el régimen de licencias y un esquema que incorpora el presentismo dentro de la calificación profesional. Según el Ejecutivo porteño, las medidas comenzarán a implementarse de manera gradual a partir de 2027.
La administración porteña sostiene que la reforma apunta a fortalecer el mérito, reducir la rotación de docentes dentro de las escuelas y mejorar la continuidad pedagógica de los estudiantes. Además, afirma que busca profesionalizar la carrera docente y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema educativo.
Sin embargo, los sindicatos consideran que la iniciativa implica un avance sobre derechos laborales consolidados y cuestionan que las modificaciones hayan sido impulsadas sin instancias de consulta con las organizaciones representativas. Tanto UTE como Ademys anticiparon que continuarán con distintas acciones para exigir la apertura de un ámbito de negociación y rechazar la implementación unilateral de los cambios.
El debate suma un nuevo capítulo a la tensión que desde hace meses mantiene el Gobierno porteño con distintos sectores de la comunidad educativa, en un contexto donde también persisten reclamos vinculados a condiciones laborales, financiamiento y políticas educativas.
