Reformas laborales en España afectarán a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

El mercado laboral español atraviesa una transformación sin precedentes con múltiples reformas simultáneas que impactan a 22 millones de trabajadores y tres millones de empresas. Subidas salariales, nuevas obligaciones digitales, control sobre las empresas, cambios en las prácticas de becarios y nuevos permisos retribuidos configuran un escenario de cambios estructurales.

Algunas medidas ya están en vigor, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, que beneficia a cerca de 2,5 millones de trabajadores. Otras, como el Estatuto del Becario, están en trámite parlamentario, mientras que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales permanece bloqueada en el Parlamento. La ampliación de permisos retribuidos aún espera desarrollo normativo.

“Estamos ante un cambio estructural. La autoridad laboral avanza hacia un modelo en el que la empresa no solo debe cumplir, sino demostrar que cumple”, señalaron fuentes de RSM, firma especializada en asesoramiento laboral. Agregaron que el “verdadero” punto de inflexión está en la trazabilidad: “El Derecho laboral español está transitando de la confianza al control efectivo”.

Entre las reformas ya vigentes se encuentra la cotización por ingresos reales para autónomos, con una base máxima de cotización de 5.101,20 euros mensuales. También rige la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga a empresas con más de 200 trabajadores (o 100 por turno) a contar con un plan de movilidad sostenible antes del 5 de diciembre de 2026. “El adelanto del plazo convierte una obligación futura en una urgencia presente”, advirtió Miguel Capel, socio del área de Laboral de RSM.

El nuevo registro horario digital, aún no aprobado, exigirá sistemas digitales de control horario con acceso remoto para la Inspección de Trabajo, con sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador. El Consejo de Estado estima un costo de implantación de 867 millones de euros. En 2024, la Inspección levantó 1.869 actas de infracción por incumplimiento del registro horario, un 90% más que en 2019.

La reducción de la jornada a 37,5 horas, rechazada en septiembre de 2025, sigue siendo una apuesta del Ministerio de Trabajo para 2026. La CEOE calcula que equivaldría a entre dos y tres días adicionales de descanso por trabajador al año. El Estatuto del Becario, en trámite, busca eliminar el uso fraudulento de becarios y prevé sanciones de hasta 225.000 euros. Además, el acuerdo con sindicatos para ampliar permisos retribuidos incluye 10 días por fallecimiento de familiar y 15 días para cuidados paliativos.

Antes de junio de 2026, España deberá adaptar la directiva europea sobre transparencia retributiva, que obligará a las empresas a justificar diferencias salariales y corregir brechas de género. Con estas medidas, el país se acerca a modelos como el francés o el alemán, donde el cumplimiento normativo se acredita mediante sistemas digitales y controles automatizados.