Procuraduría colombiana exige acciones urgentes por minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

La Procuraduría General de la Nación de Colombia instó al Gobierno nacional a actuar de manera inmediata frente al aumento de accidentes causados por minas antipersonal en el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, zonas que en el primer trimestre de 2026 registraron el mayor número de víctimas a nivel nacional. El organismo rechazó el uso de estos artefactos por parte de grupos armados ilegales, señalando que constituyen una violación directa del Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo a la población civil y a la fuerza pública.

Según un comunicado emitido el domingo 10 de mayo por la Procuraduría, el Bajo Cauca y el Catatumbo encabezan la lista nacional de víctimas por minas antipersonal durante el inicio de 2026. Esta situación obedece a una táctica sistemática de control territorial ejercida por organizaciones armadas ilegales, que emplean explosivos para sembrar terror, imponer confinamientos y limitar la movilidad de las comunidades. El organismo de control calificó estos hechos como una grave infracción a los acuerdos internacionales y advirtió que las minas antipersonal, por su carácter indiscriminado, están prohibidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

La Procuraduría advirtió que la presencia de minas antipersonal impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la fuerza pública. Este panorama representa un obstáculo para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, al dificultar la presencia estatal y limitar el acceso a servicios básicos, educación y asistencia humanitaria. La táctica criminal de los grupos armados ilegales no solo busca controlar el territorio, sino también condicionar la cotidianidad de miles de habitantes, quienes enfrentan el riesgo constante de sufrir lesiones o perder la vida por la activación de estos artefactos explosivos.

El comunicado exige al Gobierno nacional que retome el control territorial en el Catatumbo y el Bajo Cauca. Además, solicitó la intervención inmediata del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, para desarrollar programas de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y garantizar la atención integral a las víctimas. La entidad resaltó la importancia de asegurar la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de las personas afectadas.

En materia de seguimiento, la Procuraduría afirmó que mantendrá labores de monitoreo continuo sobre la situación humanitaria en Colombia y ejercerá estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal. El objetivo es asegurar una respuesta estatal oportuna y proteger a la población, garantizando que no se repitan estas graves violaciones a los derechos humanos. El Ministerio Público reiteró su compromiso de actuar frente a cualquier omisión en la asistencia a las víctimas y en la prevención de nuevos hechos, recordando que la erradicación de las minas antipersonal es una condición indispensable para avanzar en la consolidación de la paz y la seguridad en los territorios afectados.