Privatización de AySA: la cautelar que frena el proceso y la puja por los sobres

La privatización de AySA avanza en medio de un conflicto judicial. El Ministerio de Economía se prepara para abrir los sobres de la licitación, mientras organizaciones de usuarios y consumidores sostienen que esa apertura incumpliría la medida cautelar dictada por la Justicia en primera instancia. Según el colectivo de organizaciones, si el Poder Ejecutivo concreta la apertura estaría legitimando que el proceso continúa como si nada. En la licitación habría entre tres y cuatro oferentes.

La cautelar no apunta contra la privatización en sí, sino contra sus consecuencias. El Estado nacional vende el 90 por ciento de las acciones de la empresa sin haber elaborado un informe sobre el impacto ambiental derivado de las 440 obras inconclusas. El nuevo concesionario no está obligado a continuar esas obras de inmediato, lo que deja un pasivo ambiental que preocupa, con especial incidencia en la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde había numerosas obras en vías de ejecución.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo avance con la apertura de los sobres, las organizaciones conversaron con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sobre las acciones disponibles. La Defensoría adelantó que impugnará esa acción ante la Justicia. El frente judicial se suma así a las objeciones técnicas que ya venían planteando los sectores críticos del proceso.

Entre los cuestionamientos centrales aparece la falta de un estudio de impacto socioambiental que evalúe las consecuencias de no continuar las obras. Tampoco hubo intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación para valuar el 90 por ciento de las acciones de AySA, por lo que no existe una tasación oficial del Estado nacional. El Ministerio de Economía, en cambio, dijo que espera recaudar entre 450 y 500 millones de dólares, lo que de antemano fija un tope al valor de la empresa.

Para las organizaciones, ese precio establecido de antemano condiciona cualquier oferta: si un concesionario hubiera visitado la empresa y querido tasarla por encima de esa cifra, el Gobierno ya había puesto un límite. El proceso de venta del 90 por ciento de las acciones queda así atravesado por la disputa judicial y por la falta de estudios previos sobre el impacto de dejar obras inconclusas.