Japón
Prefectura japonesa pagará por denunciar empleo irregular de extranjeros
La prefectura de Ibaraki ofrece 10.000 yenes a quienes denuncien empresas que contraten trabajadores extranjeros sin papeles. La medida es criticada por organizaciones civiles y expertos.
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Prefectura japonesa pagará por denunciar empleo irregular de extranjeros
La prefectura japonesa de Ibaraki comenzó a implementar este lunes un programa que recompensa económicamente a quienes denuncien la contratación irregular de trabajadores extranjeros. Las autoridades pagarán 10.000 yenes (unos 54 euros) por información que conduzca al arresto de empresarios o empleadores que incurran en esta práctica.
La medida, anunciada a principios de año, busca reforzar el control sobre la presencia de trabajadores extranjeros indocumentados en una región que desde hace cuatro años registra la mayor tasa de este tipo de empleo en el país. Sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del Colegio de Abogados de Ibaraki y más de una decena de organizaciones no gubernamentales, que la consideran discriminatoria.
Kaoru Sonoda, profesor de sociología industrial en la Universidad de Keio, calificó la iniciativa como “inhumana y discriminatoria” y advirtió que puede convertirse en “un caldo de cultivo para actitudes excluyentes” debido a los altos niveles de xenofobia en Japón. En declaraciones a la agencia EFE, el especialista señaló que los esfuerzos políticos deberían centrarse en eliminar los incentivos para que las empresas contraten a trabajadores indocumentados.
El gobierno de Ibaraki justificó la medida argumentando que las acciones vigentes no están dando resultados. “Es esencial demostrar una postura firme contra las actividades ilegales”, indicó en un comunicado. La prefectura aclaró que no aceptará denuncias basadas únicamente en características personales como la apariencia o nacionalidad, y rechazará aquellas malintencionadas o falsas.
El sistema se aplica solo a casos que culminen en arrestos, y no si las empresas son procesadas por otros cargos o si no se producen detenciones. El gobierno central ya cuenta con un mecanismo similar, pero su aplicación ha sido históricamente poco frecuente.