Piden penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados en la causa Templo Filadelfia

El fiscal general Alberto Gentili solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas, reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado. La organización tenía su sede central en la calle Centenera 3715, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, y contaba con anexos en distintas provincias argentinas, además de presencia en Paraguay y Brasil.

Según fuentes judiciales, los hechos ocurrieron desde 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020. Los acusados están imputados por asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en calidad de coautores, en perjuicio de al menos 25 víctimas en situación de vulnerabilidad. Durante su alegato, Gentili sostuvo que el caso reúne manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, y remarcó la necesidad de valorar la prueba teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder.

El fiscal acusó a todos los imputados del delito de asociación ilícita. A 25 de ellos les atribuyó además servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real: en 18 casos como coautores y en siete como partícipes necesarios. También solicitó el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos que, según sostuvo, “se usaron para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos. Pidió que el monto de la reparación para las víctimas sea fijado por el tribunal sobre la base de un dictamen de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Para la presunta líder de la organización, Eva Petrona Pereyra, Gentili pidió 24 años de prisión por asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, abuso sexual contra cuatro víctimas —dos de ellas menores de edad—, supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público. Para Rigoberto Ismael Mora Bogado requirió 21 años por los mismos delitos, excepto los abusos sexuales. También solicitó 18 años para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres; 15 años para Ruth Mora Bogado; 14 años para Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez; 10 años y 9 meses para Osvaldo Gutiérrez; 8 años para Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre; 6 años y 9 meses para Carlos Matías Barrionuevo; 5 años y 9 meses para Olga Carranza y Liliana Barrionuevo; y 5 años para Pablo Carranza y Claudia Acosta. Las penas más bajas fueron para Víctor Ayunta (4 años y 6 meses) y Damaris Sabich (3 años y 9 meses), ya que el fiscal pidió su absolución por los delitos de trata y servidumbre.

El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese. Declararon más de 200 testigos. El debate se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas.