Conflicto Nación-Provincia
La Provincia prohibió que inspectores nacionales entren a las escuelas a fiscalizar
En el marco del paro docente, la DGCyE ordenó a directivos e inspectores impedir el ingreso de agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación a los establecimientos educativos bonaerenses.
La provincia de Buenos Aires prohibió este lunes que inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación ingresen a las escuelas para fiscalizar la adhesión al paro docente convocado para hoy. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) emitió un comunicado interno dirigido a inspectores jefes regionales, distritales y a los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades, en el que advierte sobre la “improcedencia” de suministrar datos o realizar declaraciones ante agentes de “extraña jurisdicción”.
La medida se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la gestión bonaerense por el control del servicio educativo durante la huelga. El Ejecutivo nacional había anticipado que realizaría inspecciones en las escuelas para verificar que se garantice el 75% del servicio, según lo establece la Ley 27.802. Sin embargo, las autoridades provinciales consideran que esa facultad invade la autonomía local, ya que las instituciones educativas dependen de las provincias.
La decisión se fundamenta en un reclamo formal presentado por el Ministerio de Trabajo bonaerense ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de fiscalizar el empleo público provincial o solicitar datos orientados a verificar los “pisos de prestación mínima” previstos en el artículo 101 de la Ley 27.802. En el documento oficial se remarca que el artículo 6.º de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias.
“La solicitud de informes por parte de una Secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local”, enfatizaron las autoridades provinciales. Ante la posibilidad de que inspectores o agentes enviados por la Nación se apersonen en los edificios escolares, la cartera educativa estableció una directiva estricta para los directores: frente a cualquier requerimiento de informes o intención de fiscalización, deberán limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría nacional y negar de manera absoluta la entrega de planillas o información institucional.
De esta manera, el Ejecutivo bonaerense blindó la jornada de protesta en los establecimientos educativos del Conurbano y de toda la provincia de Buenos Aires, en un nuevo capítulo del conflicto entre Nación y Provincia por el financiamiento y la gestión educativa.
