Cautelar del Defensor del Pueblo bonaerense
La Justicia suspendió el aumento de luz en la provincia de Buenos Aires
El fallo alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, que deberán retrotraer los componentes provinciales de las tarifas. EDENOR y EDESUR quedan al margen por ser de jurisdicción nacional.
La Justicia bonaerense hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, y suspendió el aumento de la luz aplicado desde agosto en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, quedó en suspenso la resolución Nº 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El fallo alcanza a las distribuidoras Empresa Distribuidora La Plata (EDELAP), Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) y Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN).
EDENOR y EDESUR quedan al margen de la decisión porque son de jurisdicción nacional. Las cuatro distribuidoras alcanzadas deberán retrotraer los componentes provinciales de las tarifas al cuadro anterior al último aumento. Los usuarios que ya pagaron las facturas con los incrementos suspendidos tendrán que recibir en sus próximas boletas las diferencias entendidas como saldo a favor.
En su presentación, la Defensoría del Pueblo Bonaerense hizo hincapié en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera a las distribuidoras por el servicio. Para Lorenzino, antes de ajustar estos valores se tendría que haber realizado una audiencia pública para que los usuarios accedieran a la información y participaran del proceso.
“La medida busca resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias”, aseguró Lorenzino. Y agregó: “Las distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente”.
El fallo también dispuso que no se apliquen nuevas subas sobre los componentes provinciales sin una instancia previa de participación de los usuarios mientras siga el proceso judicial. La decisión se dio en el marco de los aumentos tarifarios en el servicio eléctrico, que se encareció muy por encima de la inflación durante la gestión libertaria.
