La Justicia frenó cambios en AySA por una cautelar de la Defensoría del Pueblo

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ordenó a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mantener sin modificaciones sus obligaciones operativas y de infraestructura. La resolución busca garantizar la continuidad del acceso al agua potable y al saneamiento ambiental para los habitantes de 26 municipios bonaerenses.

La medida judicial establece que la empresa deberá abstenerse de reducir inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles de calidad del agua mientras avance el proceso judicial. Se trata de una medida cautelar de no innovar, dictada con carácter excepcional.

La resolución responde a una acción preventiva de daños presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino. El organismo acudió a la Justicia al advertir que el proceso de reestructuración y privatización de AySA podría derivar en un deterioro de la prestación de un servicio esencial o en el incumplimiento de obras de infraestructura ya previstas.

La presentación se produjo en un contexto marcado por la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de la empresa. Tras la firma de un nuevo esquema contractual en mayo de 2026, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública para vender el 90 por ciento del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.

Con esta decisión, la Justicia dispuso preservar las condiciones actuales de prestación hasta tanto se resuelva el fondo de la controversia, con el objetivo de resguardar el derecho de los usuarios al acceso al agua potable y al saneamiento ambiental.