Defensa del consumidor en la Provincia
Kicillof y Costa anuncian medidas para proteger usuarios de billeteras virtuales
El gobernador bonaerense y el ministro de Producción presentaron acciones ante denuncias por abusos de fintech. Abrieron un expediente y pidieron información sobre tasas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves una serie de medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales ante denuncias por abusos e incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor.
En una conferencia de prensa, Kicillof vinculó la situación con el contexto macroeconómico: señaló que el 60% de la población adulta está endeudada y que cerca de 6 millones de personas se encuentran en mora. “Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, afirmó.
El Gobernador sostuvo que las billeteras virtuales “ya no solo operan como un medio de pago, sino que colocan fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades”. En ese sentido, criticó la falta de acción del Gobierno nacional: “Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos”.
Por su parte, Costa informó que la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias durante el primer semestre del año contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa, acoso y hostigamiento. “Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó.
El ministro advirtió que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos y que, de comprobarse las irregularidades, la normativa prevé multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos. “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias”, concluyó.
Del anuncio participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.