Inocencia Fiscal II: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría tras excluir a funcionarios

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo cediera ante las exigencias de los bloques aliados y aceptara modificar uno de los puntos centrales de la iniciativa. El cambio establece que los funcionarios públicos quedarán excluidos de los beneficios y las presunciones contempladas por el régimen.

La restricción también alcanzará a quienes hayan ejercido cargos durante los cinco años previos a su adhesión. La incorporación busca delimitar con precisión quiénes no podrán acceder al esquema. Entre ellos se encuentran funcionarios con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, además de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

La exclusión contempla a legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, defensores del Pueblo y sus adjuntos, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de los Jurados de Enjuiciamiento. Con esta modificación, el oficialismo logró reunir 44 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros espacios aliados.

El proyecto, que plantea cambios sobre la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, las normas vinculadas con la prescripción tributaria y el régimen sancionatorio, podría llegar al recinto durante la última semana de agosto.

Durante el tratamiento en comisión expusieron distintos especialistas y representantes de entidades profesionales. Entre ellos, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), José Ignacio Simonella, consideró que “el proyecto, desde un punto de vista tributario y económico, complementa y mejora la ley vigente de Inocencia Fiscal y da respuesta a muchos de los puntos que, como profesión, debían aclararse para permitir el seguro asesoramiento profesional y la toma de decisiones por parte de los contribuyentes”.

Simonella destacó que el proyecto “fomenta la formalización de los ahorros que están atesorados y fuera del sistema, que al estar fuera del sistema son improductivos para los tenedores, pero también para la economía en su conjunto”. Además, aclaró: “Es importante destacar también que, si bien fomenta la formalización, no se está tratando de un blanqueo. No tiene las particularidades ni los alcances de un blanqueo”.