Informe bonaerense desmiente la «puerta giratoria» en la Justicia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su 20° Informe Anual, titulado «El sistema de la crueldad XX», en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. El documento revela un marcado endurecimiento del sistema penal bonaerense, que alcanzó la cifra récord de 63.934 personas privadas de su libertad al cierre de 2025.

Entre las conclusiones principales del relevamiento judicial y penitenciario, la CPM derribó dos de los discursos más extendidos en la opinión pública sobre el funcionamiento de los tribunales provinciales: la masificación de los acuerdos abreviados y la inexistencia de la denominada «puerta giratoria». Según detalla el informe, el aumento sostenido de personas con condena firme en la provincia no responde a un mayor despliegue de debates orales, sino a una aceleración procesal que debilita las garantías constitucionales: actualmente, 9 de cada 10 causas penales se resuelven mediante el mecanismo de juicio abreviado.

En la otra cara del sistema, el organismo echó por tierra el mito mediático de la «puerta giratoria» y la supuesta laxitud en las excarcelaciones. Las estadísticas oficiales del relevamiento demuestran que la Justicia bonaerense rechaza 8 de cada 10 pedidos de morigeración de la pena o excarcelación, manteniendo al 47% de los alojados en cárceles y alcaidías en condición de prisión preventiva sin condena firme.

El informe, elaborado tras 785 inspecciones en comisarías, cárceles y centros de salud mental, registró un total de 91.833 hechos de torturas y violaciones a los derechos humanos durante el último año. En las cárceles bonaerenses la sobrepoblación llegó al 116%, con 224 muertes en el año, de las cuales 203 fueron por afecciones de salud no asistidas. Además, se contabilizaron 141 muertes a manos de agentes de seguridad, una cada 60 horas, en su mayoría cometidas por efectivos fuera de servicio.

El documento también alertó sobre la proliferación de patrullas locales que intervienen en la vía pública sin marco legal para desplazar a personas en situación de calle. Desde la CPM enfatizaron que los homicidios en ocasión de robo representan una tasa de 2 cada 100.000 habitantes en el país, muy por debajo de los fallecimientos por accidentes viales (7,7) o suicidios (11), reclamando políticas públicas de fondo basadas en estadísticas reales.