Imputaron a Demian Reidel por gastos irregulares con tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por los gastos de índole particular que habrían realizado diferentes integrantes de la empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas durante su gestión. La causa, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, busca determinar si existieron irregularidades penalmente relevantes en el uso de la cuenta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia se originó a partir de un informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que incluía un reporte de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica. Ese reporte, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información de la diputada Florencia Carignano, detallaba consumos que, según el fiscal, serían ajenos al objeto social de la empresa. Además, el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los gastos se realizaron con un único plástico o varios adicionales.

Entre los gastos detectados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la empresa de servicios de playa "Mar y Sombra SL" en Valencia por 212 dólares; transferencias de Mercado Pago; hoteles; gastos en aviones; indumentaria; adelantos en efectivo por 56 millones de pesos; y consumos en el pub El Pirata de Madrid por 765 dólares. La diputada Marcela Pagano, en su denuncia, sostuvo que incluso si las erogaciones hubieran sido en viajes oficiales, resultarían incompatibles con el régimen de viáticos vigente.

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal también atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y los responsables del control interno por haber omitido supuestamente sus deberes de control y autorización.

Como primeras medidas, el fiscal González pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa, y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones, incluyendo fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo. También solicitó que se informe la cantidad de plásticos asociados a la cuenta y se individualice cada operación. Esta es una de las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py; otra similar, del diputado Esteban Paulón, tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.