Justicia penal juvenil
Entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: menores desde 14 años podrán ser juzgados
La Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, rige desde este sábado en todo el país. Incluye penas de hasta 15 años y responsabilidad civil de los progenitores.
Desde este sábado 5 de septiembre rige en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que modifica la normativa vigente desde los años 80. La norma permite que los menores sean juzgados a partir de los 14 años y contempla penas de hasta 15 años de prisión.
La ley, que reemplaza al antiguo régimen, introduce cambios de fondo en el tratamiento del delito juvenil, con especial impacto en el Conurbano bonaerense. Entre los puntos centrales se destaca que los progenitores pasarán a ser civilmente responsables por los ilícitos que cometan sus hijos, un aspecto que busca fomentar la responsabilidad legal sin abandonar el objetivo de resocialización del adolescente.
Según el texto oficial, los menores detenidos serán alojados en dependencias exclusivas, con prohibición absoluta de compartir espacio con presos mayores de edad. En esos lugares tendrán garantizado el acceso a programas educativos para completar sus estudios, además de formación ciudadana y capacitación laboral. También se mantiene la estricta prohibición de difundir en los medios la identidad, fotografías o datos de filiación de los menores imputados.
El nuevo régimen contempla un abanico de sanciones que prioriza alternativas a la privación de la libertad según la gravedad del hecho. Entre ellas figuran amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de acercamiento a la víctima, de salir del país o de asistir a espectáculos, monitoreo electrónico mediante rastreador y reparación integral del daño causado a la víctima. Las penas privativas de libertad pueden cumplirse en domicilio, en institutos abiertos o en institutos cerrados especializados.
La implementación de la ley se da en un contexto de debate sobre la seguridad en el Conurbano, donde la baja de la edad de imputabilidad era un reclamo recurrente de sectores políticos y vecinales. La norma busca equilibrar la sanción con la reinserción social de los adolescentes, aunque su aplicación efectiva dependerá de la infraestructura y los recursos que destinen las provincias.
