El Senado abre el debate por la reforma electoral que impulsa Milei

El Gobierno nacional vuelve a poner la reforma electoral en el centro de la agenda legislativa. Este martes buscará avanzar con su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en medio del operativo reelección de Javier Milei y tras la advertencia de la Justicia electoral sobre los tiempos para modificar las reglas de los comicios. El oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.

De ese modo, el Ejecutivo tendrá por delante una negociación con los bloques dialoguistas, especialmente por uno de los puntos que más resistencia genera: la eliminación definitiva de las PASO. El plazo es acotado, ya que el 30 de noviembre finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso, lo que deja alrededor de dos meses para transformar la falta de respaldos en acuerdos parlamentarios.

El proyecto que la administración de Milei busca instalar en la agenda de los próximos meses contempla, además de la eliminación de las primarias, modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación de Ficha Limpia. Durante el calendario electoral de 2025, las PASO fueron suspendidas de manera excepcional y ahora el Gobierno busca avanzar con su eliminación definitiva.

La iniciativa también propone rediseñar la Boleta Única de Papel, el instrumento que se utilizó en las últimas elecciones nacionales de medio término. Si bien no fue impulsado originalmente por el oficialismo, terminó convirtiéndose en una de sus prioridades.

Otro de los ejes de la reforma está puesto en el financiamiento de los partidos políticos. El Gobierno propone reducir o eliminar el aporte estatal y avanzar hacia un esquema con mayor participación privada, a través de donaciones de personas humanas y jurídicas y contribuciones de afiliados.

En paralelo, el proyecto volvería a poner en discusión Ficha Limpia, una iniciativa que no logró consenso en el Congreso en 2025. La propuesta establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por determinados delitos contra la administración pública, sin necesidad de esperar un fallo firme de la Corte Suprema. Entre los delitos contemplados aparecen cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, mientras que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se extendería por el doble de la condena.

El debate se retoma luego de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los tiempos necesarios para implementar modificaciones en el sistema electoral. El organismo planteó que el país se acerca al límite temporal recomendado para modificar las reglas de los comicios y reclamó que cualquier cambio se apruebe con suficiente anticipación. La advertencia se realizó a través de la Acordada Extraordinaria 155/2026, que lleva las firmas de los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.