Desregulación
El Gobierno derogó 58 normas de consumo e industria
A través de una resolución del Ministerio de Economía, el Ejecutivo eliminó normativas como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, en el marco del debate de la Ley Hojarasca.
El Gobierno nacional derogó este martes 58 normas y disposiciones vinculadas al comercio, la industria y programas de consumo, mediante la Resolución 12/2026 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. La medida se inscribe en el proceso de desregulación que impulsa el Ejecutivo y en el marco del debate de la Ley Hojarasca.
Según el Gobierno, las normativas eliminadas perdieron vigencia o sustento jurídico tras las reformas libertarias implementadas, por lo que se busca eliminar ambigüedades regulatorias. Entre las derogadas figuran la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios, que “han perdido su objeto y aplicabilidad”.
El Ejecutivo sostuvo que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, lo que generó “una inseguridad jurídica para los ciudadanos” que “restringe el libre desenvolvimiento de su vida”. Por eso, planteó que el Estado “se enfoque en normativas relevantes y prioritarias” para brindar respuestas más rápidas.
Entre las normas derogadas se encuentra la Ley N° 355/2022 de la exSecretaría de Comercio, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos. También se eliminó la Ley N° 282/2021 y sus modificatorias, que controlaban programas de fomento al consumo. Además, quedaron sin efecto las Resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, relacionadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Asimismo, se derogó la Ley N° 368/2025, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025, que permitía que el Estado autorizara los aumentos de las cuotas de los colegios privados. En total, se eliminaron 22 normativas del FETA, 30 de los programas Ahora 12 y Cuota Simple, cuatro que obligaban a los colegios privados a notificar previamente los aumentos de cuotas, una vinculada a Precios Cuidados y una que duplicaba mecanismos de atención para consumidores.