Resolución 2775/2026
El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: los nuevos montos
La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso un aumento del 2,1% en los aranceles del sistema de prestaciones básicas. La medida alcanza a todas las modalidades y mantiene el adicional para la Patagonia.
El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La suba es del 2,1 por ciento, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de julio, según el INDEC, y se aplica de forma uniforme a todas las modalidades del Nomenclador de Prestaciones Básicas.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que modifica el valor establecido en julio por la Resolución 2227/2026, cuando el incremento había sido del 1,9 por ciento. Además, se mantiene el adicional del 20 por ciento sobre el arancel básico para las prestaciones en la zona patagónica, un beneficio por zona desfavorable que alcanza a las provincias del sur y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso a la atención y los servicios de apoyo.
Con la nueva actualización, los montos quedaron de la siguiente manera: en la Categoría A, el Centro de Día jornada doble pasa a 1.101.566,06 pesos. En la Categoría B, el CET permanente se ubica en 2.824.518,71 pesos y la residencia permanente en 1.133.384,56 pesos. En la Categoría C, el hogar permanente queda en 1.383.759,91 pesos y la residencia permanente en 1.047.812,39 pesos.
La actualización se definió en medio de reclamos por los pagos a los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. En mayo, la Justicia Federal ordenó al Programa Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos en un plazo máximo de tres días. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía fondos a los prestadores, lo que provocó la interrupción de terapias y problemas en la entrega de medicamentos.
La medida cautelar se dictó en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional y tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme.
