Proyecto de ley en la provincia
Diputada bonaerense propone suspender desalojos en barrios populares por 10 años
La iniciativa de Cintia Romero busca prorrogar el artículo 70 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que protege a familias de villas y asentamientos.
La diputada bonaerense Cintia Romero, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para suspender por diez años los desalojos en villas y asentamientos populares de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, ingresada en las últimas horas, propone prorrogar el artículo 70 de la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012, que consagra el derecho a una vivienda y un hábitat digno.
La normativa vigente establece un mecanismo de suspensión de desalojos para los barrios populares inscriptos, garantizando que sus habitantes no sean desplazados mientras el Estado provee soluciones habitacionales. En 2017 se incorporó el artículo 70 bis, que exceptúa los casos de peligro real e inminente para la integridad física de las personas por factores socio-sanitarios o riesgo de derrumbe, imponiendo al Estado la obligación de relocalización y solución habitacional definitiva.
Romero advirtió que la última prórroga venció a fines de 2019 y que desde entonces la provincia carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos. "Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad", señaló, y agregó que los procesos de integración continúan, en su mayoría, pendientes o inconclusos.
Durante este período, la protección de las familias se sostuvo casi exclusivamente por el régimen nacional: el artículo 15 de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, prorrogado por diez años mediante la Ley N° 27.694. Sin embargo, Romero consideró que la norma nacional resulta insuficiente e incierta, ya que solo alcanza a los barrios incorporados al RENABAP, cuyo relevamiento no coincide exactamente con el universo del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
La diputada por la Segunda sección electoral sostuvo que "esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure, en el ámbito de su competencia, un instrumento autónomo y estable". En cuanto al plazo de diez años, lo justificó en consonancia con la Ley N° 27.694 y argumentó que "la experiencia previa demostró que los plazos breves generan vacíos de protección y una dependencia innecesaria de los ciclos legislativos".
La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los magistrados y un horizonte temporal adecuado para la ejecución de políticas públicas. El proyecto deberá ser tratado en las comisiones de la Legislatura bonaerense.
