Denunciaron más de 90.000 hechos de torturas y malos tratos en la provincia de Buenos Aires

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este jueves el informe “El sistema de la crueldad XX”, un diagnóstico anual sobre las condiciones de detención, las políticas de seguridad, la niñez en situación de encierro y la salud mental en la provincia de Buenos Aires. Durante 2025, el organismo realizó 785 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas.

En más de 54.500 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal se denunciaron al menos 91.833 hechos de torturas, malos tratos y otras vulneraciones a los derechos humanos. “El riguroso y preocupante diagnóstico de la política criminal en la provincia de Buenos Aires que se presenta en este informe es el resultado de las tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, las políticas de seguridad, niñez y justicia que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conforme lo establece la ley nacional 26.827”, expresaron desde la organización.

La provincia de Buenos Aires tiene el sistema de encierro más grande del país: a diciembre de 2025, había 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico, contra 61.810 del año anterior. La tasa de encarcelamiento en la Provincia duplica la tasa mundial, el número de detenidos crece interanualmente cerca del 5 por ciento y hoy es casi el doble que hace diez años. Esa cantidad de detenciones colapsa el sistema: la sobrepoblación en cárceles y alcaidías era del 116 por ciento.

Desde el organismo explicaron que el juicio abreviado y la escasa aplicación de medidas morigeratorias de la prisión son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. “Esto tiene consecuencias claras: a diciembre de 2025, el 47 por ciento de las personas alojadas en cárceles y alcaidías estaban detenidas sin condena firme, es decir, siendo inocentes para la Justicia”, indicaron. En el caso de las mujeres (56 por ciento) y personas trans (53 por ciento) es “peor aún”. “El juicio abreviado acelera los tiempos de la condena en detrimento de las garantías y derechos procesales: hoy, nueve de cada diez causas se resuelven por este medio. En el otro extremo, desmintiendo el mediático relato de la ‘puerta giratoria’, la justicia niega ocho de cada diez pedidos de morigeración de la pena”, puntualizaron.

Durante el último año también aumentaron los casos de uso letal de la fuerza: fueron 141, una muerte cada 60 horas. La mayoría, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad, pero fuera de servicio, defendiendo bienes propios. En 17 de los casos se trató de policías que mataron mientras trabajaban como choferes de aplicaciones de viaje. Además, se registraron 18 muertes durante el momento de la aprehensión.

La CPM también advirtió que la falta de información y estadísticas confiables permitió la política de “endurecimiento del sistema penal”, que “se materializó en la baja de edad de punibilidad sancionada recientemente por el Congreso Nacional”. Según el análisis del organismo, “contrariamente a los discursos que circularon, en los últimos años la cantidad de jóvenes imputados en la provincia de Buenos Aires se redujo considerablemente”. “Sin embargo, la cantidad de jóvenes detenidos en centros cerrados se mantuvo constante”, apuntaron. “También es mentira que los menores de 16 años que cometen delitos graves no estén detenidos: durante 2025, 842 niños y jóvenes privados de libertad ingresaron a centros de detención. De ellos, 168 tenían 15 años o menos: un 20 por ciento del total. Las políticas de niñez están en una situación crítica, sin recursos ni un proyecto institucional que garantice sus derechos y haga cumplir la legislación vigente”, denunciaron.