Denuncian que el Gobierno busca extranjerizar tierras y vender todo

La semana pasada, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría modificar el régimen de expropiaciones y generar cambios en la relación entre inquilinos y propietarios. La iniciativa ya despierta críticas de distintos sectores.

Maximiliano Vittar, abogado y presidente de Inquilinos Córdoba, cuestionó la propuesta en declaraciones radiales: “El objetivo del Gobierno nacional es extranjerizar las tierras y vender todo. La estrategia del Gobierno en términos comunicacionales es enfrentar a inquilinos contra propietarios”.

Vittar explicó que el proyecto equipara situaciones muy distintas: “Por un lado, el proyecto equipara a aquellos que pueden ser sujeto de demanda de desalojo, no solo un inquilino, sino cualquier persona, que puede ser un usurpador, los pueblos originarios o alguien que debe dos o tres meses de alquiler con otro que debe dos o tres años”. Además, señaló que “legitima a no limitar algún título de propiedad”.

El abogado también criticó la política habitacional del Gobierno: “El Gobierno nacional dijo que, desregulando el mercado, se iban a solucionar los problemas; es decir, sin que el Estado intervenga en la relación del acceso a la vivienda. Pero, hoy, los alquileres siguen siendo inaccesibles para millones de familias, el endeudamiento aumentó y la crisis habitacional empeoró. Y la respuesta del Gobierno es acelerar los desalojos”.

En cuanto a la mora, Vittar planteó que “hay una mora invisible porque hay familias que dejan de pagar la tarjeta para pagar el alquiler, o bien se atrasan en otros servicios o reducen alimentos”. Y agregó: “Incluso, muchas familias tienen dos trabajos. Esto explica la mora crediticia record, que hoy ya es una problemática”.

El presidente de Inquilinos Córdoba propuso alternativas: “Creemos que se deberían hacer menos desalojos y generar otras propuestas previas a la mora. Si se soluciona la situación microeconómica, dudo que se hable de morosidad y desalojo”. Y concluyó: “El inquilino no decide dejar de pagar el alquiler porque quiere, sino que es por dinero. Debe haber mecanismos de mediación”.