Cuestionan el desvío de fondos del impuesto a los combustibles

El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, cuestionó la utilización de fondos provenientes del impuesto a los combustibles para destinos ajenos a la infraestructura vial. En declaraciones radiales, calificó como “increíble” que el Gobierno reconozca públicamente que parte de esos recursos no se destina al mantenimiento y desarrollo de rutas.

Según Lasca, la recaudación anual por ese tributo supera los 3.200 millones de dólares, un monto que permitiría ejecutar obras de gran escala, como la construcción de autovías y autopistas. En ese marco, aseguró que “el camino no es un gasto, es una inversión” y que una mayor inversión ayudaría a reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las economías regionales y disminuir la cantidad de siniestros viales.

El ingeniero también criticó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional. Consideró que el sistema de Red Federal de Concesiones se traduciría en un incremento de los peajes sin garantizar obras de ampliación o modernización de la infraestructura existente. En ese sentido, sostuvo que los peajes se convirtieron en una carga adicional para conductores particulares y transportistas debido a los fuertes aumentos de tarifas.

Otro de los puntos abordados fue la situación de la Dirección Nacional de Vialidad, que según Lasca atraviesa un proceso de desfinanciamiento. Advirtió que el deterioro de la infraestructura podría generar mayores costos de reparación a futuro y vinculó la falta de recursos con problemas operativos concretos, como las dificultades para mantener maquinaria en pasos fronterizos o realizar tareas de conservación en rutas nacionales.

En cuanto a los trabajadores del organismo, Lasca defendió a los profesionales que forman parte de Vialidad y denunció que “los corruptos son aquellos que ponen al frente de vialidad, los amigos de cada gobierno, ese administrador de vialidad que a veces ni siquiera son de carrera, que no son ingenieros y están puestos ahí para seguir haciendo los negocios y negociados con la obra pública”.

Por último, reclamó mayor transparencia en la administración de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y recordó que desde distintas organizaciones se impulsaron proyectos para crear mecanismos de control y seguimiento. “Los caminos son de dominio público, no son de un presidente, de un gobernador, de un funcionario, es de todos nosotros. Merecemos participar en la toma de decisiones”, concluyó.