UNLaM
Comunidad UNLaM se moviliza a la Marcha Federal Universitaria del martes
El Centro de Estudiantes y los gremios de docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de La Matanza convocan a la cuarta Marcha Federal por la educación pública, que el martes 12 de mayo confluirá en Plaza de Mayo.
La comunidad de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se movilizará el martes 12 de mayo para participar de la Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. La concentración está prevista para las 17 en Plaza de Mayo, donde se exigirá que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Será la cuarta movilización en reclamo de que la administración libertaria garantice el funcionamiento de las casas de altos estudios y convoque a paritarias para recomponer los sueldos de docentes y nodocentes, a la vez que actualice los fondos para becas estudiantiles, investigación y extensión. La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a casi siete meses de que el Poder Ejecutivo promulgara "en suspenso" la ley, que fue insistida por mayoría especial de dos tercios en el Congreso luego del veto presidencial.
"Exigimos que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario ya aprobada en el Congreso Nacional y ratificada por la Justicia", señaló el Centro de Estudiantes de la UNLaM, que invitó a los alumnos a acercarse para organizarse. La Asociación de Docentes de la UNLaM (ADUNLaM) también convocó a participar: "Este martes 12 de mayo marchamos todos juntos en defensa de la Universidad Pública. Anotate previamente en nuestra oficina para garantizar tu lugar", indicaron. Del mismo modo, la Asociación de Trabajadores de la UNLaM (ATUNLaM) instó a los nodocentes a sumarse a la movilización.
La marcha busca visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario en un contexto de ajuste presupuestario. La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, fue finalmente promulgada tras ser ratificada por la Justicia, pero el Gobierno mantiene su aplicación en suspenso.