Colombia suma 55 líderes sociales asesinados en lo que va de 2026

La violencia contra líderes sociales en Colombia continúa en aumento durante 2026. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año ya se registraron 55 homicidios de defensores comunitarios y sociales, lo que equivale a un asesinato cada 48 horas. Abril fue el mes más violento, con 19 casos, y los primeros días de mayo sumaron dos víctimas más, elevando a 22 los asesinatos en contexto electoral.

El informe de Indepaz detalla que enero cerró con 10 asesinatos, febrero con 14 y marzo, pese a coincidir con las elecciones legislativas, presentó 9 casos. La reducción observada en marzo se revirtió en abril, que registró el pico mensual más alto del año. El perfil de las víctimas abarca líderes comunales (13 casos), dirigentes políticos (11), comunitarios (9), ambientalistas e indígenas (5 cada uno), sindicalistas y agrarios (4 en ambos sectores), campesinos (2) y un reclamante de tierras.

Uno de los casos recientes es el de Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas en Bello, Antioquia, asesinada el 5 de mayo mientras caminaba con su esposo. Nogales dedicó cuatro décadas a gestionar beneficios para su comunidad. Su esposo, pensionado del Inpec, resultó herido en el ataque. Otro caso es el de Alejandro Caicedo Gavilán, secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) en Palmira, quien falleció el 7 de mayo tras más de tres meses hospitalizado por un atentado sufrido en diciembre de 2025.

Leonardo González Perafán, director de Indepaz, explicó que los asesinatos responden al accionar de estructuras armadas que buscan consolidar control territorial. “Los grupos armados imponen un régimen ilegal que va en contra de los intereses de las comunidades y, por supuesto, de los líderes”, señaló. González advirtió que el Estado no ha implementado mecanismos de protección efectivos: “Hay una ausencia de mecanismos de protección válidos y efectivos por parte del Gobierno”. Los esquemas actuales, centrados en medidas individuales como chalecos antibalas o carros blindados, resultan insuficientes.

Para González, la solución debe enfocarse en proteger los procesos sociales: implementación del acuerdo de paz, ampliación de resguardos y desarrollo de políticas inclusivas. “A ellos no los matan por servir, sino por defender un proceso. Lo que hay que hacer es garantizar los procesos sociales”, destacó. También subrayó la urgencia de campañas contra la estigmatización, ya que esa narrativa facilita la violencia y, sumada a la impunidad, incentiva la acción de los grupos armados.