Organizaciones civiles denuncian detenciones arbitrarias de migrantes en CDMX

Organizaciones civiles documentaron operativos de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en diversas zonas de la Ciudad de México desde finales de abril, con detenciones que califican de arbitrarias. Entre las personas afectadas hay migrantes cubanas, haitianas, venezolanas y hondureñas, algunas con procesos activos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Ante los hechos, organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y emita medidas cautelares. En el documento denuncian que el 1 de mayo agentes del INM realizaron un operativo contra repartidores de plataformas digitales en las inmediaciones del centro comercial Miyana, en Polanco. Señalan que varias personas fueron detenidas sin considerar que contaban con trámites de solicitud de refugio, y luego trasladadas a la Estación Migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

Uno de los testimonios incluidos en la queja es el de Julio —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien relató que durante el operativo en Miyana, agentes del INM le solicitaron sus documentos. Aunque presentó la constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del gobierno capitalino, fue detenido de todas formas. En la estación migratoria, narró, le tomaron datos personales, huellas dactilares y fotografías, y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer. Pasada la medianoche fue trasladado en autobús junto con aproximadamente 20 personas más hasta Villahermosa, Tabasco, donde llegaron a otro centro de detención.

Las organizaciones documentaron acciones similares en distintas zonas: Avenida Revolución, revisiones migratorias en vía pública sin criterios individualizados; Tepito y La Merced (2 y 3 de mayo), intercepción de personas con base en su apariencia física; colonia Buenavista (4 de mayo), presuntas inspecciones en casas y vecindades; y Polanco, frente al centro comercial Antara (30 de abril), donde testigos registraron en video cómo entre 10 y 15 personas fueron subidas a camionetas del INM en menos de 20 minutos.

El INM ha rechazado públicamente que sus acciones constituyan “redadas” y ha justificado su actuación como respuesta a un “oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”. Sin embargo, defensores como Rodrigo Yedra y July Rodríguez, de Apoyo a Migrantes Venezolanos, señalan que los testimonios de los afectados contradicen esa versión. Lorena Cano, coordinadora jurídica del IMUMI, advirtió que estas acciones son “totalmente irregulares”, dado que la Ciudad de México se autodenomina ciudad santuario y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este tipo de redadas como inconstitucionales.