Centros de diálisis alertan por atraso en pagos de PAMI y riesgo para 4.700 afiliados

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) denunció que el valor que PAMI reconoce por las prácticas de diálisis permanece sin actualización desde hace 18 meses y sufrió una reducción del 8%. Los prestadores advirtieron que la brecha entre los aranceles y los costos reales de la atención ronda el 50%, lo que compromete la sustentabilidad de más de 200 centros en todo el país y pone en alerta la continuidad de las prestaciones para unos 4.700 afiliados.

El reclamo fue difundido por la entidad durante las últimas horas y tiene como eje el denominado módulo de la obra social, que según los prestadores no se actualiza acorde con la evolución de los costos. La combinación entre el congelamiento y la reducción aplicada generó una diferencia significativa respecto del gasto efectivo de mantener funcionando las unidades de tratamiento. Los centros reclaman una recomposición que ronda el 50%, porcentaje que, de acuerdo con su estimación, permitiría acercar los valores reconocidos por PAMI a los costos que demanda actualmente la atención de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.

El reclamo se produce en un contexto de incremento sostenido de los costos sanitarios y operativos. La actividad requiere equipamiento especializado, insumos médicos, profesionales capacitados, controles periódicos y una infraestructura que demanda importantes gastos de funcionamiento. Además, referentes del sector señalaron que la estructura de costos de un tratamiento no queda limitada a la sesión de diálisis propiamente dicha. En determinados casos también deben contemplarse traslados de pacientes, intervenciones vasculares, estudios de laboratorio, honorarios profesionales y alimentación, entre otros gastos.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los prestadores es el impacto diferencial que tiene la situación sobre los establecimientos ubicados fuera de los grandes centros urbanos. En esas zonas, los centros pueden afrontar costos adicionales vinculados con el traslado de personas que necesitan concurrir regularmente a las sesiones, además de otras prestaciones asociadas al tratamiento renal. Según explicaron desde el sector, muchos de esos gastos se actualizan con mayor frecuencia que los valores que reciben por parte de la obra social. La dificultad adquiere especial relevancia porque la diálisis constituye una prestación indispensable para las personas cuyos riñones ya no pueden cumplir adecuadamente su función.

CADRA aseguró que durante los últimos meses se realizaron distintas gestiones ante las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con el objetivo de conseguir una actualización del valor de las prestaciones. Según la entidad, esos pedidos no habrían obtenido hasta el momento una respuesta que permita resolver el desfasaje denunciado. Los prestadores reclaman que se abra una instancia de diálogo y que se revise el esquema de financiamiento para evitar que la crisis económica termine afectando la capacidad operativa de los centros. Los referentes de la actividad remarcaron que existe voluntad de continuar atendiendo a los pacientes mientras las condiciones lo permitan, pero la preocupación está puesta en cuánto tiempo podrán sostenerse los establecimientos si los ingresos permanecen por debajo de los costos necesarios para garantizar el funcionamiento.

La advertencia alcanza a una red de más de 200 centros distribuidos en distintas regiones del país y a unos 4.700 afiliados de PAMI que dependen de tratamientos dialíticos. Por ese motivo, la discusión sobre los aranceles trasciende la cuestión administrativa o financiera: para los prestadores, una eventual reducción de la capacidad de atención podría repercutir directamente sobre pacientes que necesitan realizar sus tratamientos de manera periódica. La entidad que representa a los centros de diálisis reclama una respuesta de las autoridades y una recomposición que permita afrontar el incremento de los costos. Mientras tanto, la situación permanece bajo alerta y el sector insiste en que la actualización de los valores resulta necesaria para preservar la continuidad y calidad de la atención renal.