Cancillería rechazó la guía británica para hacer negocios en Malvinas

La Cancillería argentina rechazó la guía "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", difundida por el Gobierno británico para promover actividades comerciales en el archipiélago, en medio de la disputa por la explotación de recursos hidrocarburíferos. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que "ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

El pronunciamiento se da en el marco de la escalada diplomática por los proyectos hidrocarburíferos en las islas. La Cancillería cuestionó el avance del proyecto "Sea Lion", vinculado a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, y sostuvo que se profundizó "un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos".

Según el comunicado, las acciones británicas "vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía". El texto reafirmó además que las islas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del territorio nacional.

Tras la denominada "Decisión Final de Inversión" de las empresas vinculadas al proyecto, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para entregarles "notas de protesta formal". En esos encuentros se rechazó "enfáticamente el avance del proyecto 'Sea Lion' y la totalidad de los actos conexos", entre ellos "la emisión de normativas ilegítimas, las pretendidas licencias unilaterales, los llamados a contratar proveedores y las guías o incentivos comerciales por parte del Gobierno británico".

La advertencia se suma a las medidas que el Gobierno de Javier Milei viene implementando y que el propio Presidente había anunciado en su cadena nacional del 3 de septiembre. En esa oportunidad, Milei puso el foco en el proyecto Sea Lion y anunció un conjunto de medidas para reforzar el reclamo argentino, entre ellas un nuevo esquema de sanciones y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Luego, el Gobierno inició procedimientos administrativos contra empresas y personas vinculadas a actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas y presentó denuncias penales contra compañías relacionadas con el proyecto.

El comunicado recordó que "la legislación nacional se aplicará con todo su rigor" y destacó que las Leyes 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto 868/2026, "sancionan de manera severa a cualquier empresa, inversionista o proveedor que directa o indirectamente intervenga en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la Plataforma Continental Argentina".

La Cancillería informó que ya fueron enviadas "cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países", se iniciaron 60 procedimientos administrativos y el canciller presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y a sus directivos. Cerca del final del texto, ratificó que la Argentina mantiene su "disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales", aunque advirtió que el Gobierno agotará "todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales" para defender sus derechos soberanos. "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", culmina el comunicado.