Buscan implementar la Justicia Restaurativa en el sistema penal juvenil bonaerense

La senadora bonaerense María Rosa Martínez, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para instituir la Justicia y Prácticas Restaurativas como etapa complementaria en los procesos judiciales que involucren delitos o hechos de violencia cometidos por niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, impulsada por la legisladora de la Tercera Sección Electoral, busca ofrecer a los jóvenes en conflicto con la ley un procedimiento centrado en la reparación del daño y la composición de los vínculos a través del diálogo, con participación voluntaria de las partes afectadas.

Según explicó Martínez, las prácticas restaurativas constituyen un conjunto de estrategias de trabajo personalizadas coordinadas entre la comunidad, con el epicentro en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la reparación del daño. En ese sentido, las definió como una forma alternativa y complementaria de la justicia tradicional retributiva. El proyecto contempla que el procedimiento restaurativo pueda activarse desde la primera intervención policial, y que los menores tengan derecho a ser informados sobre esta instancia como un camino orientado a la sanación comunitaria y la pacificación social.

La iniciativa faculta a la autoridad de aplicación a conformar, en las distintas jurisdicciones, equipos especializados en derechos de infancia, gestión de conflictos y herramientas psicosociales. De esta manera, se busca garantizar que el modelo opere como una parte integrante y permanente del sistema penal juvenil.

El alcance del proyecto no se limita al terreno penal. La senadora contempló su implementación en el fuero civil, un ámbito marcado por complejos litigios de responsabilidad parental, disputas por alimentos e interrupciones de contacto vinculadas a medidas cautelares entre adultos. Martínez ponderó que la Justicia Restaurativa debe configurarse como un instrumento accesible para todas las personas impactadas por un delito o conflicto, abarcando a las víctimas directas, sus familias, y también a los agresores y sus entornos.

El proyecto toma como referencia experiencias como la de Mendoza, donde la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) viene consolidando desde 2023 modelos restaurativos orientados a la resolución de conflictos adolescentes en ámbitos comunitarios y escolares. La iniciativa ahora deberá ser tratada en las comisiones legislativas correspondientes.