Efeméride
8 de mayo: Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional
La fecha recuerda la Masacre de Budge, ocurrida en 1987, cuando tres jóvenes fueron asesinados por la Policía Bonaerense. La ley que la instituyó se sancionó en 2013.
Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, establecido por la Ley 26.811 sancionada en 2013. La fecha busca visibilizar los abusos cometidos por fuerzas de seguridad y organismos del Estado, y promover políticas públicas orientadas al respeto de los derechos humanos.
El origen de la efeméride se remonta al 8 de mayo de 1987, cuando tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cercano a La Matanza. Las víctimas fueron Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24). Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los policías les plantaron armas para simular un enfrentamiento.
El suboficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero descendieron de una camioneta policial y dispararon contra los jóvenes. Olivera recibió doce disparos, Aredes siete, y Argañaraz fue subido a la camioneta tras recibir un disparo en una pierna; luego apareció en un hospital con un impacto de bala en la cabeza. La presión vecinal y de organismos de derechos humanos logró romper el silencio policial y judicial de la época.
A casi cuatro décadas del hecho, las denuncias por violencia institucional continúan vigentes. Organizaciones sociales advierten sobre casos de gatillo fácil, torturas en lugares de detención, desapariciones forzadas y hostigamiento policial, especialmente contra jóvenes de sectores vulnerables. La CPM señala que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de mecanismos estructurales de control social.
En los últimos años, casos como los de Luciano Arruga (de La Matanza), Facundo Astudillo Castro y Lucas González volvieron a poner el tema en el centro del debate público. Especialistas y organismos de derechos humanos remarcan que hablar de violencia institucional no implica cuestionar la existencia de las fuerzas de seguridad, sino exigir su funcionamiento dentro del marco democrático y constitucional, con perspectiva de derechos humanos.
