Walter Bulacio: el joven de La Matanza asesinado por la policía en 1991

Walter Bulacio tenía 17 años y vivía en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. El 19 de abril de 1991 fue con un grupo de amigos al recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio Obras Sanitarias. Mientras esperaba para ingresar, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a reprimir a quienes estaban en las inmediaciones y realizaron una "razzia". Como resultado, 80 personas fueron detenidas. Entre ellas, Walter, que estaba parado en la calle.

El joven fue trasladado a la Comisaría 35 de la PFA. Era menor de edad, pero nadie comunicó la detención a su familia ni a un juez de menores. Los uniformados lo ocultaron y lo encerraron en una celda. Durante las horas que estuvo detenido, Walter fue agredido brutalmente. A la mañana siguiente, fue trasladado al Hospital Pirovano con un traumatismo de cráneo. Alcanzó a decir al personal médico que había sido golpeado por la policía. Días después, el 26 de abril, murió por un derrame cerebral. Su familia se enteró de que estaba grave recién cuando ya estaba internado.

La muerte de Walter Bulacio provocó indignación social. Sin embargo, en un primer momento ningún juzgado quiso asumir la investigación. Al año siguiente, el comisario de la Seccional 35, Miguel Ángel Espósito, fue sobreseído por la detención y muerte de Bulacio. En 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir la causa, pero la burocracia judicial impidió que avanzara.

En 1997, organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2003, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte señaló en su fallo que la detención del joven había sido arbitraria y condenó las irregularidades en la investigación judicial. La sentencia estableció que el arresto fue ilegal y ordenó al país adoptar medidas para evitar que situaciones similares se repitieran. El organismo determinó que el Estado violó las garantías judiciales, tuvo graves faltas de investigación efectiva y violó el derecho a la vida, además de fallar en la prevención, control, investigación y sanción a los responsables.

En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Capital Federal condenó al comisario Miguel Ángel Espósito: fue hallado responsable de la "razzia" en la que se detuvo a Bulacio, pero lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso, por lo que no fue preso. La sensación de injusticia continúa presente en el recuerdo del crimen de Bulacio.