Universidades vuelven a marchar por presupuesto y salarios

Este martes, las universidades nacionales volverán a movilizarse en la cuarta Marcha Federal Universitaria, con réplicas en todo el país y epicentro en la Plaza de Mayo. La protesta se da en un contexto de conflicto prolongado entre el sistema público de educación superior y el Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes, la falta de actualización presupuestaria y el freno a políticas de financiamiento.

El principal foco del conflicto es la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795), aprobada y ratificada por ambas cámaras legislativas tras el veto del presidente Javier Milei. La norma pasó cuatro veces por el Congreso, cumpliendo con las disposiciones constitucionales, y fue respaldada por la comunidad en tres marchas federales. Sin embargo, no se aplica porque la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario con efecto suspensivo al Gobierno, dejando en suspenso la medida cautelar que obligaba a ejecutar parte de la ley.

En concreto, se suspendieron los artículos 5 y 6, que ordenaban recomponer salarios de docentes y nodocentes según la inflación acumulada y actualizar las partidas para becas estudiantiles. Así, aunque la ley fue sancionada y el veto rechazado, no puede ejecutarse hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo. El Gobierno justifica la medida argumentando que la ley no especifica el origen de los fondos y que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

La cuarta marcha se produce en medio de nuevas medidas de ajuste. Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 con un recorte cercano a los 2,5 billones de pesos, que incluye reducciones en programas educativos, infraestructura universitaria y fondos para salarios y becas. Las universidades extendieron el llamado a movilizar a trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de la salud y todos los sectores perjudicados por las políticas del Gobierno.

La ley busca fortalecer el sistema público de educación superior en múltiples dimensiones: sostenimiento de actividades académicas y científicas, mejora de condiciones laborales, acceso y permanencia estudiantil, ampliación de la oferta educativa, mantenimiento de equipamiento e inversión en extensión e investigación. Uno de sus puntos centrales es la actualización del presupuesto universitario según la inflación, ajustando los gastos de funcionamiento con la variación del IPC del INDEC, tanto retroactivamente como con actualizaciones bimestrales. También dispone la recomposición salarial para docentes y nodocentes, obligando al Gobierno a convocar a paritarias y garantizar incrementos que al menos acompañen la inflación acumulada, con carácter remunerativo y bonificable.