Tres condenados a 30 años por terrorismo en Venezuela en un caso marcado por denuncias de tortura

La condena de 30 años de prisión dictada el 5 de mayo de 2026 contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, acusados de terrorismo en Venezuela, reabrió interrogantes sobre la legalidad del proceso. Familiares y defensores denuncian que el expediente se construyó en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades procesales.

Nurys Villamizar, madre de los hermanos Domador, aseguró que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención en San Cristóbal, estado Táchira, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según su testimonio, durante ese lapso fueron trasladados al río Torbes, obligados a arrodillarse y amenazados de muerte. También denunció que fueron golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.

El término Tancol (Terroristas Asesinos Narcotraficantes Colombianos) fue acuñado por el general Domingo Antonio Hernández Lárez, ex jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FANB), para englobar a grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales. La operación que derivó en las detenciones se denominó “Escudo Bolivariano Q/F Aplastamiento del Enemigo IV”, desplegada en la frontera colombo-venezolana.

Según el acta policial, los detenidos fueron observados en una zona céntrica de San Cristóbal conversando con dos motorizados. Tras el abordaje, se reportó el hallazgo de ropa, teléfonos, una motocicleta y documentos presuntamente vinculados con las FARC-EP. Sin embargo, los testigos del procedimiento, Luis José Meneses Carrillo y Adrián Alejandro Sanquiz Escalante, solo declararon haber visto a funcionarios y personas reunidas en la calle con bolsos y una moto, sin describir actividad delictiva.

El defensor público Luis Peña, que intervino en la audiencia en Táchira, señaló que no había testigos que avalaran el acta policial y que no se evidenciaba relación con las FARC, por lo que discrepó de la calificación de terrorismo. A pesar de ello, la jueza Claudia López, del Tribunal de Terrorismo en Caracas, ordenó la reclusión de los cuatro hombres en la cárcel Rodeo III y de Rondón en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), basándose únicamente en el acta de investigación penal de la DGCIM.

El grupo Surgentes, del que forma parte el sociólogo Antonio González Plesmann, documentó 67 casos similares en los primeros dos meses de 2026. González Plesmann afirmó que existen patrones recurrentes de tortura, desapariciones y fabricación de pruebas en los llamados falsos positivos Tancol, y pidió que las víctimas sean incluidas en eventuales medidas de amnistía y reparación.

El 29 de abril de 2026, 28 familiares de detenidos viajaron a Caracas para solicitar su inclusión en la Ley de Amnistía. Fueron recibidos por la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y por la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, quien se comprometió a revisar los expedientes. Entre los casos mencionados está el de Erwin Jesús Álvarez Izarra, un adolescente de 15 años condenado a 10 años por terrorismo tras ser golpeado y arrojado atado a un río.

A cuatro años de las detenciones y tras una condena de máxima severidad, la controversia persiste: el expediente no logró probar los hechos más allá de toda duda razonable, y las denuncias de abuso y fabricación probatoria siguen sin resolverse.