Suspendieron el remate de la mansión de Balcedo en Uruguay por un exhorto de la Justicia argentina

La jueza laboral de Maldonado, Ecatherina Cardozo, suspendió el remate de la mansión "El Gran Chaparral" del ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que estaba previsto para el 8 de mayo. La medida se tomó tras recibir un exhorto del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, enviado por vía de Cancillería. La subasta había sido ordenada por la propia Cardozo para cobrar deudas laborales de casi dos millones de dólares que Balcedo mantiene con trece ex empleados desde 2018.

La decisión de la jueza, que paralizó el remate sin nueva fecha, desató una apelación inmediata de los trabajadores. Los abogados Guillermo Ahlers y María Eugenia Nocetti presentaron un escrito de 30 páginas ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la suspensión fue "inoportuna" porque se adoptó a siete días hábiles de la subasta, cuando ya se había cumplido con toda la publicidad legal. Cuestionaron además que un juez laboral diera curso a un exhorto penal argentino, ya que ese tipo de cooperación debería canalizarse a través de un juez penal.

El exhorto que motivó la suspensión fue impulsado por la fiscal federal María Laura Roteta y el fiscal general Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ambos se enteraron del remate por medios periodísticos y verificaron el edicto en el Diario Oficial de Uruguay. En un dictamen de cinco fojas, sostuvieron que la subasta era "improcedente" porque sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes solicitadas por el Estado argentino desde 2018, por un monto total de 26 millones de dólares.

El juez Kreplak, a cargo de la causa FLP 2436/2015/22, ordenó librar exhortos internacionales urgentes y requirió "de manera inmediata" dejar sin efecto el remate para resguardar los bienes reclamados por la Nación. Advirtió que el producido de una eventual subasta debería girarse a su juzgado para resarcir a las víctimas del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), del que Balcedo era secretario general.

Los abogados de los ex empleados, en cambio, sostienen que la Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por un pedido argentino cuando aún no hay sentencia firme en ese país, a diferencia de sus representados, que sí tienen fallos firmes. Señalaron que el embargo de los trabajadores es anterior al de la causa argentina y que los tratados de cooperación internacional preservan los derechos de terceros de buena fe. "La suspensión solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina", afirmó Ahlers.

El conflicto se enmarca en una causa que Kreplak instruye desde 2018 sin haber podido indagar a Balcedo, quien está acusado de liderar una organización para lavar activos y desviar fondos sindicales. La extradición del ex gremialista, solicitada en 2018, aún no fue resuelta por Uruguay. Mientras tanto, la disputa por la mansión enfrenta dos lógicas judiciales: la de los trabajadores uruguayos con sentencias firmes que esperan cobrar desde hace ocho años, y la del Estado argentino, que reclama bienes considerados producto del lavado de fondos sindicales.