Repartidores bonaerenses consideran insuficiente el proyecto de Kicillof para regular el sector

El delegado general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) en Zona Sur, Leandro Hidalgo, calificó como "insuficiente" el proyecto impulsado por el oficialismo bonaerense para regular la actividad de los más de 80 mil repartidores y choferes que trabajan en la provincia.

En diálogo con este medio, Hidalgo sostuvo que la iniciativa "no ataca el fondo del debate, se queda a mitad de camino". El proyecto, promovido por el gobernador Axel Kicillof, contempla la creación de un registro oficial de trabajadores y empresas, la instalación de paradores y la contratación de seguros y coberturas médicas por parte de las compañías. Sin embargo, el dirigente sindical consideró que esos puntos son "progresivos" pero no resuelven el problema central: "las condiciones laborales y de contratación de los repartidores".

Hidalgo también cuestionó que no se haya consultado a los representantes del sector durante la redacción del proyecto. "Cuando las cosas se hacen sin hablar con los trabajadores o con las organizaciones que los representan es un poco esperable que no se responda a las demandas", afirmó. Y agregó: "Necesitamos seguros, vacaciones, todos los derechos laborales que se tienen en cualquier empleo formal, esa es nuestra pelea y este proyecto no plantea nada de eso".

En un contexto de crisis económica, el referente del SiTraRepA vinculó la situación del sector con la Reforma Laboral sancionada a fines de febrero, que a su juicio "viene a legalizar condiciones de fraude laboral que venimos sufriendo desde hace tiempo". Según Hidalgo, la precarización es un fenómeno global en el reparto por aplicación, pero en Argentina se agrava con la pérdida de empleo formal: "Todas las semanas entran nuevos repartidores, producto de la caída del empleo formal, de los despidos, y se satura cada vez más, lo que hace que el trabajo disminuya y las empresas se aprovechen de esa situación para pagar menos".

El dirigente concluyó que la competencia entre trabajadores es fomentada por las empresas para reducir costos, mientras el proyecto oficial no ofrece soluciones de fondo a la precariedad laboral que denuncian.