Causa en La Matanza
Más de 30 escuelas denunciaron haber contratado a la clínica Argentina Salud
La investigación por la clínica ilegal en González Catán suma nuevos capítulos. Decenas de establecimientos educativos habrían pagado por servicios médicos que nunca se prestaron.
Más de 30 escuelas e instituciones públicas denunciaron haber contratado los servicios de la clínica Argentina Salud, clausurada en el marco de una investigación por ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita. Fuentes judiciales confirmaron que la cantidad de establecimientos afectados podría aumentar en las próximas horas, lo que agrava la situación procesal de los seis detenidos.
La causa, encabezada por el fiscal Fernando Garate del Departamento Judicial de La Matanza, reveló que algunos colegios habrían abonado el importe anual completo correspondiente a 2026. Según fuentes vinculadas al caso, ciertos contratos contemplaban pagos de hasta 1,3 millones de pesos por apenas 50 llamados de emergencia. La investigación también detectó que ambulancias y autos particulares acudieron a los establecimientos para atender supuestas emergencias, dejando certificados sellados que ahora son investigados por posible falsificación.
Entre los detenidos se encuentra Alberto Santarceri, dueño de la firma, quien en los próximos días conocerá la ampliación de sus imputaciones. Seis miembros del clan Santarceri permanecen detenidos acusados de asociación ilícita, mientras que el resto de los denominados “falsos médicos” fueron indagados por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título, y continuarán el proceso en libertad. Esta semana también se prevé el requerimiento de nuevas declaraciones testimoniales.
Las declaraciones de algunos de los acusados resultaron clave para destrabar la estructura ilícita. Uno de ellos, identificado como C.C., confirmó que es médico en Bolivia pero que no cuenta con habilitación en Argentina. Relató que una compañera lo contactó con Santarceri, quien le entregó el sello de un doctor argentino y una oficina en Virrey del Pino. También declaró que, cuando salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados y que cobraban 80.000 pesos por guardia de 24 horas. Otra acusada, D.S., confirmó ser médica en Cuba pero no estar habilitada en el país, y que atendía usando un sello provisto por Santarceri.
