La Matanza · Buenos Aires

Denuncia cruzada en el oficialismo

Luis Petri denunció que Villarruel le impuso una mordaza legal

El diputado libertario y exministro de Defensa aseguró que la vicepresidenta presentó un nuevo pedido judicial para silenciarlo. La Justicia ya había rechazado una denuncia previa.

Por Editor
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Luis Petri habla en el Congreso de la Nación
Luis Petri habla en el Congreso de la Nación

El diputado nacional Luis Petri (La Libertad Avanza) denunció este jueves que la vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una nueva acción judicial en su contra para impedirle hablar de ella. “Siempre tan democrática”, ironizó el exministro de Defensa en redes sociales, al confirmar que la vicepresidenta había solicitado una medida cautelar que le prohíba referirse a su persona públicamente.

Según fuentes judiciales, la presentación de Villarruel fue radicada en el Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya había tramitado una denuncia previa contra Petri por presuntas injurias y calumnias. En aquella oportunidad, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la causa por inexistencia de delito, al considerar que las expresiones del diputado estaban amparadas por la libertad de expresión.

Petri, quien integró el gabinete del presidente Javier Milei hasta su asunción como diputado en diciembre pasado, sostuvo que la nueva acción de Villarruel busca “silenciarlo” en el marco de la interna del oficialismo. “No es la primera vez que intenta callarme. Ya lo hizo cuando era ministro y ahora que soy legislador quiere una mordaza legal”, escribió en su cuenta de X.

La relación entre ambos dirigentes libertarios se deterioró en los últimos meses, con cruces públicos por diferencias en la gestión y en la estrategia política del Gobierno. Villarruel, por su parte, evitó hacer declaraciones sobre el tema y se limitó a difundir un comunicado de su equipo legal en el que se afirma que la medida busca “proteger su honor y su derecho a la intimidad”.

El caso reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión entre funcionarios y la judicialización de la política. Especialistas en derecho constitucional consultados señalaron que una eventual prohibición de hablar sobre otra persona podría chocar con la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

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