La Matanza · Buenos Aires

Tras la marcha universitaria

La UBA pidió a la Corte Suprema que se expida rápido sobre la Ley de Financiamiento

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires solicitaron a la Corte Suprema que acelere el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras la cuarta movilización federal en defensa de la educación pública.

Por Editor
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Marcha universitaria con carteles en defensa de la educación pública
Marcha universitaria con carteles en defensa de la educación pública

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida con celeridad sobre la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto por los recursos destinados a las casas de altos estudios. La solicitud se conoció luego de la cuarta marcha federal universitaria, que convocó a miles de personas en todo el país.

En el escrito, las autoridades de la UBA exigieron “garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795” y “la protección efectiva del sistema universitario público argentino”. La norma, sancionada por el Congreso, establece un piso de inversión en educación superior que el Poder Ejecutivo cuestiona y no aplica en su totalidad.

La movilización del miércoles pasado fue la cuarta desde que comenzó el conflicto, con una adhesión masiva en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. Los organizadores destacaron la participación de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales, que reclamaron por el presupuesto universitario y en contra del veto presidencial a la ley.

El pedido a la Corte Suprema busca que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del veto y la obligación del Ejecutivo de cumplir con la ley. La UBA argumentó que la demora en la resolución afecta el funcionamiento de las universidades y pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que la ley es inviable fiscalmente y que su aplicación desequilibraría las cuentas públicas. El conflicto sigue abierto, mientras la comunidad universitaria espera una definición judicial que podría sentar un precedente para todo el sistema educativo.

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