Conflicto judicial
La Provincia recurrió a la Corte por una multa millonaria que reclama Nación
El gobierno bonaerense presentó un recurso ante la Corte Suprema para impugnar una condena que le exige pagar más de 5.500 millones de pesos al Estado nacional por un préstamo de locomotoras.
El gobierno de Axel Kicillof presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto una condena que obliga a la provincia de Buenos Aires a pagar más de 5.500 millones de pesos al Estado nacional, en el marco de un litigio originado por el préstamo de dos locomotoras ferroviarias.
En la presentación judicial, los abogados bonaerenses calificaron la sanción como “manifiestamente exorbitante” y cuestionaron el criterio utilizado por la Cámara para actualizar el monto de la penalidad. Según el planteo de la Provincia, el fallo incurre en una “contradicción” porque reconoce que las locomotoras fueron restituidas el 27 de diciembre de 2017 y, al mismo tiempo, calcula la conversión monetaria de la multa como si nunca hubieran sido devueltas.
“Mantienen un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación”, sostuvieron los representantes legales del Estado bonaerense. De acuerdo con el recurso, el tribunal fijó el final del período de la multa en diciembre de 2017, pero utilizó para su actualización el tipo de cambio vigente en febrero de 2026, cuando el dólar cotizaba a 1.415 pesos.
La Provincia argumentó que la sentencia “desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar”, por lo que consideró que el fallo incurre en una situación de “arbitrariedad de sentencia”. Además, remarcó la diferencia entre el monto de la obligación principal y el resultado final de la penalidad aplicada.
“Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3,3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad”, enfatizaron. La Corte Suprema deberá ahora decidir si admite el recurso y revisa el fallo.