La Ley Joaquín obtuvo media sanción en Diputados bonaerenses

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto denominado “Ley Joaquín”, que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados. La iniciativa busca prevenir accidentes como el que causó la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un menor de La Matanza, en junio de 2023.

El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y surgió tras la muerte de Joaquín, quien falleció luego de que un arco lo golpeara en el tórax mientras estaba de viaje con los exploradores en Junín de los Andes. Desde entonces, su familia reclama una regulación que obligue a que todos los arcos de clubes, escuelas y campamentos estén debidamente sujetos al suelo y tengan controles de seguridad estrictos.

Actualmente no existe ninguna ley nacional ni provincial al respecto. En los fundamentos, la iniciativa advierte que el caso de Joaquín “no es un hecho aislado” y reconstruye una cronología de tragedias ocurridas en distintos puntos del país desde 2007 hasta la actualidad, con al menos nueve menores fallecidos por la caída de arcos deportivos sin fijación adecuada.

El proyecto establece la obligatoriedad de sistemas de anclaje, contrapesos y sujeción para arcos y estructuras deportivas, además de protectores acolchonados y certificaciones técnicas realizadas por profesionales matriculados. La norma otorga un plazo de un año para adecuar las instalaciones una vez reglamentada. También dispone que las compañías aseguradoras deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para otorgar cobertura a las instituciones.

En paralelo, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad otra Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal. Esa norma surgió tras el asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023 en Laboulaye, y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad, como un trato digno, medidas contra la revictimización y la posibilidad de que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal.