La Ley Joaquín obtuvo media sanción en Diputados bonaerenses

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto denominado “Ley Joaquín”, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados, con el objetivo de prevenir accidentes.

El proyecto, impulsado por el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un menor de La Matanza que falleció luego de que un arco lo golpeara en el tórax mientras estaba de viaje con exploradores en Junín de los Andes. Desde entonces, su familia lucha por una regulación que obligue a que todos los arcos de clubes, escuelas y campamentos estén debidamente sujetos al suelo y tengan controles de seguridad estrictos. Actualmente, no hay ninguna ley nacional ni provincial al respecto.

En los fundamentos, la iniciativa advierte que el caso de Joaquín “no es un hecho aislado” y reconstruye una cronología de tragedias ocurridas en distintos puntos del país desde 2007 hasta la actualidad, con al menos nueve menores fallecidos por la caída de arcos deportivos sin fijación adecuada. En ese contexto, establece la obligatoriedad de sistemas de anclaje, contrapesos y sujeción para arcos y estructuras deportivas, además de protectores acolchonados y certificaciones técnicas realizadas por profesionales matriculados.

La “Ley Joaquín” otorga un plazo de un año para adecuar las instalaciones una vez reglamentada la norma. Además, establece que las compañías aseguradoras deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para otorgar cobertura a las instituciones.

En paralelo, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad otra Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. Esa sanción se dio tras el asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye. La norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal, como proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer control sobre la investigación fiscal.