Falló judicial en La Matanza
La Justicia intimó al Gobierno a regularizar pagos por discapacidad en 72 horas
El juez federal Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud normalizar la cadena de pagos para prestaciones de personas con discapacidad. El incumplimiento podría afectar servicios esenciales.
La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a regularizar en un plazo máximo de 72 horas la cadena de pagos destinada a prestaciones para personas con discapacidad. La resolución, firmada por el juez Hugo Vaca Narvaja, alcanza al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, que deberán adoptar medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema.
El fallo surgió tras una presentación de entidades y prestadores del sector, que denunciaron demoras en los pagos, endeudamiento y dificultades para sostener servicios fundamentales. Entre las prestaciones más comprometidas se encuentran las vinculadas a personas con pensiones no contributivas y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El magistrado consideró que la interrupción o el retraso en los pagos podría afectar derechos esenciales de una población vulnerable. Por eso, dispuso que las autoridades nacionales arbitren de inmediato los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de prestaciones médicas, terapéuticas, educativas y de transporte.
En las últimas semanas, el conflicto se agravó por reclamos de instituciones y profesionales que alertaron sobre una situación económica crítica. Centros de atención y transportistas señalaron que los atrasos acumulados dificultan el pago de salarios, combustible, alquileres y otros costos operativos. Organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que muchas familias dependen exclusivamente de estas prestaciones para acceder a tratamientos de rehabilitación y asistencia integral.
El fallo también recordó la obligación del Estado de garantizar derechos protegidos por normas nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mientras tanto, prestadores y asociaciones reclaman una actualización de aranceles y mecanismos de pago más ágiles para evitar nuevas demoras, ya que la inflación y el aumento de costos deterioraron la sustentabilidad del sistema.
