La Corte rechazó la recusación del Gobierno en la causa por financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos presentados por el Estado nacional para apartar a los jueces que intervienen en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario. Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las recusaciones impulsadas por el Gobierno y ratificó la continuidad de los magistrados que participan del expediente, incluidos los integrantes de la propia Corte.

El Poder Ejecutivo había solicitado el apartamiento de los jueces al considerar que su desempeño como docentes en universidades públicas podía afectar la imparcialidad necesaria para resolver el caso. Sin embargo, el tribunal concluyó que la actividad académica no implica un interés directo en el resultado del litigio y, por lo tanto, no constituye un motivo válido para su recusación. Además, recordó que estos mecanismos son de carácter excepcional y deben aplicarse de manera restrictiva para garantizar el principio constitucional del juez natural.

En paralelo, se incorporó al expediente una presentación realizada por Amnistía Internacional Argentina. Se trata de una Carta Abierta respaldada por más de 5.700 integrantes de la comunidad académica, científica y estudiantil, en la que se solicita a la Corte que avance en el tratamiento de la causa de manera urgente ante el impacto que la situación presupuestaria tiene sobre el sistema.

Con esta decisión, el máximo tribunal quedó en condiciones de avanzar sobre el fondo de la controversia judicial. La causa busca determinar la validez constitucional del decreto 759/2025, con el que se promulgó la ley pero se suspendió su aplicación práctica, y el alcance de la Ley 27.795, que fija criterios para el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de los docentes y nodocentes del sector.