La Corte ratificó la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar de manera inmediata los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario referidos a la recomposición salarial docente y al sistema de becas estudiantiles. El Ejecutivo deberá abonar los montos adeudados desde que la normativa fue suspendida.

El abogado Lucas Bianco explicó que el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y cerró la discusión. “Esta es la última decisión al respecto. Se espera el cumplimiento inmediato de la recomposición salarial y de las becas, con el pago de todo lo atrasado que no se abonó mientras la norma estuvo suspendida”, afirmó.

Bianco repasó el recorrido de la ley: fue aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por ambas cámaras, por lo que quedó vigente. Sin embargo, el Gobierno, mediante un decreto, suspendió su aplicación. Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción cautelar para exigir su cumplimiento. La primera instancia hizo lugar, la Cámara confirmó esa decisión y el Gobierno recurrió a la Corte para intentar suspender la cautelar, lo que ahora fue resuelto.

El especialista aclaró que la Corte no analizó el contenido de la ley, sino la vigencia de la medida cautelar. “No resuelve el fondo de la cuestión, es decir, si la ley está bien o está mal. Lo que dice es que, mientras esa discusión se resuelve, la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse en esos artículos”, sostuvo.

Bianco remarcó que “la decisión judicial tiene efectos inmediatos” y advirtió que “no hay más chances de no cumplir”. “Es la última palabra, la de la Corte Suprema. Cada día de incumplimiento genera intereses, multas y habilita nuevas acciones judiciales para reclamar la ejecución de la sentencia”, señaló. “No deberían alegar que no tienen plata porque sería un muy mal camino. Cuando la Corte dice algo, espera que se cumpla. Incluso se podría pedir el embargo de bienes del Estado o el congelamiento de cuentas”, aseveró.