Política exterior
Junts pide a Sánchez que use su vínculo con China para criticar ley sobre minorías
La formación independentista registró una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno español exprese su preocupación por la Ley de Promoción de la Unidad Étnica china.
Junts registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a trasladar a China su preocupación por la Ley de Promoción de la Unidad Étnica, al considerar que incentiva la asimilación forzosa de minorías nacionales y la supresión de identidades culturales distintas de la china.
La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, reclama al Ejecutivo que, dadas las "excelentes relaciones" que mantiene con el Gobierno de la República Popular China, ponga de manifiesto su preocupación por la aprobación de esta norma. Junts pide que se advierta que la aplicación de la ley "viola el Derecho internacional" en materia de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la protección de la libertad cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales.
Asimismo, la proposición quiere que el Gobierno español defienda que las minorías nacionales tienen derecho a recibir educación en su lengua materna, a practicar su propia religión y a disfrutar de su cultura y tradiciones sin injerencias estatales. También reclama que se exprese rechazo al sistema educativo de internados para minorías, en particular para niños tibetanos, al considerar que "contribuye a la desconexión de las nuevas generaciones respecto a su lengua materna y de su entorno cultural". Todo ello debería ser trasladado al embajador chino en España.
En la exposición de motivos, la formación de Carles Puigdemont subraya que la ley busca la homogeneización y asimilación cultural, religiosa y lingüística, así como "la eliminación de las identidades diversas en favor de una única identidad china basada en la mayoría han". Según Junts, Naciones Unidas y distintos países ya han criticado la norma. Los independentistas citan el caso de tibetanos y uigures, que a su juicio podrían ser objeto de genocidio cultural, y ven "especialmente preocupante" la expansión del sistema de internados para menores tibetanos y los centros de reeducación en Xinjiang.
